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La Ley Antifraude es una legislación integral diseñada para abordar diversas formas de fraude fiscal que se encuentran en la actualidad. Dirigida a combatir prácticas como la evasión de impuestos y el uso de software de doble uso para mantener una contabilidad oculta, esta ley establece una serie de medidas para hacer cumplir la transparencia y la honestidad en las transacciones comerciales.

La implementación de la Ley Antifraude tiene implicaciones significativas para los programas de contabilidad y facturación en España. A continuación, se detallan algunos de los aspectos clave que deben tener en cuenta:

Software de doble uso

La Ley Antifraude busca penalizar el uso y la producción de software de doble uso, que permite mantener una contabilidad oculta o en ‘B’.

Pagos en efectivo

La iniciativa de la Ley Antifraude busca controlar los pagos en efectivo, reduciendo los límites para ciertas actividades económicas y estableciendo sanciones para quienes incumplan estas regulaciones.

Gestión de criptomonedas

La Ley Antifraude también aborda la gestión de criptomonedas, requiriendo que los establecimientos permanentes en territorio español informen sobre saldos y operaciones relacionadas con monedas virtuales.

Paraísos fiscales

La ley tiene disposiciones específicas sobre paraísos fiscales, actualizando periódicamente la lista de “jurisdicciones no cooperativas” y estableciendo medidas para abordar la vinculación internacional con estas jurisdicciones.

La reforma del software antifraude entró en vigor el 11 de octubre de 2021, con el reglamento aprobado el 5 de diciembre de 2023. Los fabricantes tienen un plazo de nueve meses, hasta el 5 de septiembre de 2024, para adaptarse a las nuevas normativas, mientras que los usuarios deben asegurarse de que sus programas de facturación cumplan con los requisitos antes del 1 de julio de 2025.

La Ley Antifraude afecta a todas las empresas o autónomos que emitan facturas y tengan sede en el territorio nacional. También afecta a los fabricantes, productores y comercializadores de software de contabilidad, facturación o de gestión.

Están obligados a contar con un software de facturación que cumpla con los requisitos de la Ley Antifraude. Se establecen sanciones para aquellos que no cumplan con estas regulaciones a partir del 1 de julio de 2025.

Deben adaptar sus productos a los requisitos establecidos por la ley antes del 5 de septiembre de 2024 . También están sujetos a sanciones por incumplimiento de las regulaciones.

A pesar de la rigidez de la normativa, existen algunas excepciones para ciertos casos específicos.

Los obligados al Suministro Inmediato de Información (SII)

Algunos supuestos del régimen de agricultura, ganadería y pesca

Actividades excluidas de la obligación de facturar

Hasta el momento de la introducción de la Ley Antifraude, el fraude era un crimen, pero tener un software de doble uso no era algo sancionable. Sin embargo, con la implementación de esta ley, se establecen multas tanto para los usuarios como para los proveedores en caso de incumplimiento de las regulaciones.

Existen multas para los que no se adapten, tanto para los usuarios como los proveedores. Las sanciones alcanzarán:

150.000 € para las empresas fabricantes de software por cada año de ventas.

50.000 € para las empresas que presenten algún tipo de anomalía por cada ejercicio fiscal de utilización

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el reglamento de la Ley Antifraude, los productores de software de gestión deben certificar que sus productos cumplen con una serie de estándares. Estos estándares aseguran la integridad, conservación, legibilidad, trazabilidad, accesibilidad e inalterabilidad de los registros generados por el software.

Para garantizar la integridad y trazabilidad de los datos, el software debe emplear una estructura de código eficiente, como una tabla hash encadenada. Esta estructura permite almacenar y recuperar datos de manera segura y eficiente, garantizando la seguridad y la trazabilidad en la contabilidad.

El software también debe asegurar la legibilidad y accesibilidad de los registros de facturación. Debe contar con la capacidad de remitir de forma segura los registros a la Agencia Tributaria, garantizando una conexión segura, continua y fidedigna. Además, cada registro y su firma correspondiente deben estar disponibles para la Administración cuando sea necesario.

Es fundamental que el software impida la modificación, anulación y encubrimiento de datos, asegurando la inalterabilidad de los registros. Asimismo, debe disponer de un registro de eventos o actividad que recoja todas las interacciones, operaciones o sucesos ocurridos durante su uso. Este registro debe recoger automáticamente todas las interacciones con la plataforma, garantizando la conservación de los datos a lo largo del tiempo.

Estos requisitos son esenciales para garantizar el cumplimiento de la Ley Antifraude y mantener la integridad y transparencia en la contabilidad empresarial.

El software de facturación deberá firmar electrónicamente cada registro de facturación, guardarlo adecuadamente y tener una opción para que se puedan exportar estos registros a la AEAT en caso de inspección.

El software de facturación enviará a la AEAT cada registro de facturación de forma continuada, automática e instantánea en el mismo momento de la emisión de la factura. Al elegir esta opción, el software cumple con los requisitos de este Reglamento y elimina la obligación de firmar electrónicamente los registros siendo suficiente con que se calcule la huella o “hash”.

A partir de la entrada en vigor de la ley, el software debe generar un fichero XML, firmarlo y guardarlo tras la emisión de cada factura.

Solo serán considerados “Sistemas VERI*FACTU” aquellos sistemas informáticos de facturación o SIF que remitan instantáneamente por medios electrónicos a la AEAT de forma continuada, segura, correcta, integra, automática, consecutiva y fehaciente todos los registros de facturación generados

Las empresas pueden optar por no enviar de forma inmediata los registros de facturación, en cuyo caso, su software debe tener la capacidad de hacerlo cuando la AEAT se los solicite.

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